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En el año 2020, el Ayuntamiento de Cádiz implementó un cambio en su Plan General de Ordenación Urbana, con la intención de frenar el crecimiento de los lugares de juego en las proximidades de escuelas y centros deportivos o culturales. Esta decisión fue impugnada por diversas asociaciones y la propia Junta de Andalucía ante la justicia andaluza, y al final, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les ha otorgado la razón.
Bonos actuales
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Bonos actualesEl TSJA ha aceptado los recursos interpuestos por la Junta, Gestión de Juegos y la Agrupación Gaditana del Recreativo, considerando que el municipio gaditano sobrepasó sus competencias con esta normativa, que es de exclusiva jurisdicción autonómica.
Después de la implementación de la medida en Cádiz, la Junta de Andalucía ya había fijado un reglamento que exigía una distancia mínima de 150 metros desde las instituciones educativas, que debía ser respetada por los nuevos salones abiertos. Según el tribunal andaluz, la normativa del Ayuntamiento de Cádiz resulta ser “excesiva, desproporcionada y sin justificación”. En efecto, casi todos los locales de juego quedarían fuera de normatividad con la modificación de los 500 metros de separación.
El TSJA también señala que el Ayuntamiento de Cádiz no ha presentado ningún informe que respalde la afirmación de que existe un problema serio relacionado con la adicción al juego en la población gaditana. Por consiguiente, la intervención del municipio sería inapropiada, según el alto tribunal andaluz, que reconoce la preocupación por los efectos negativos que el juego podría tener, especialmente en poblaciones vulnerables, incluyendo a los jóvenes.
Bonos actualesDe acuerdo con la sentencia, el ayuntamiento gaditano sobrepasó sus competencias, aun en lo que se acordó en pleno para la modificación de ese Plan General de Ordenación Urbana. Los partidos que defendían la medida fueron más allá en su intento de contener la proliferación de locales de juego en la ciudad, algo que es, en definitiva, responsabilidad de la Junta de Andalucía. El cambio normativo surgió precisamente como una estrategia para captar la atención de los políticos regionales, pero se excedió en su objetivo final, lo que resultó en su derogación.
A raíz de esta noticia, el concejal de Urbanismo de la ciudad, Martín Vila, anunció que el equipo de gobierno está considerando la posibilidad de apelar ante el Tribunal Supremo. Según Vila, la misión del ayuntamiento es proteger su territorio, particularmente en beneficio de los más vulnerables, garantizando la salud pública. Por lo tanto, resulta probable que este recurso se presente ante el alto tribunal español, aunque las perspectivas del Ayuntamiento de Cádiz parecen no ser favorables tras este fallo del TSJA.
En años recientes, numerosos políticos han expresado su oposición a la creación de nuevos salones de juego, llevando a cabo una cruzada contra las apuestas deportivas que ha tomado casi un carácter de histeria colectiva. La decisión del Tribunal Supremo de la Junta de Andalucía podría ser vital para que esta persecución se modere, al menos en parte.
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